Por Claudia Molina Jara, Asesora de Política y Normativa, Proyecto Docencia en Red (UCO20102)
Profesora de Español, licenciada en Educación, mención Español, Doctora en Literatura Hispanoamericana, Magíster en Lingüística y Magíster en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos.
No es original decir que la pandemia por COVID-19 afectó a la educación, existen una serie de estadísticas que avalan esta afirmación, por ejemplo: según cifras del 31 de marzo de 2020, publicadas por la UNESCO, más de 185 países habían cerrado escuelas y universidades, lo que derivó en que 89,4 % de la población estudiantil quedará sin acceso a las aulas.
En mayo del 2020, se publica otro informe, realizado por el equipo técnico de la UNESCO para la Educación Superior (IESALC), con, los impactos inmediatos de la pandemia en el sector de la educación superior, en él se plantea que para los estudiantes el impacto inmediato ha sido el cese de las actividades presenciales de las IES, lo que ha dejado a los estudiantes, particularmente de pregrado, en una situación nueva y sin una idea clara de cuánto tiempo vaya a durar, además, el profesorado ha experimentado situaciones en lo laboral y en lo profesional, dado que no todas las instituciones tenían estrategias de continuidad de la actividad docente. El informe concluye que el cese temporal de las actividades ha operado como un disruptor sobre su funcionamiento, cuyo impacto es variable y depende de su capacidad para mantener las actividades académicas y de su sostenibilidad financiera.
Por último, se explícita que las IES poseen entornos educativos y contextos distintos; aun así, las soluciones adoptadas parecen orientadas a favorecer las clases por videoconferencia, dado que contaban con plataformas propias con recursos didácticos digitales cuya disponibilidad era inmediata. De esta forma, se concluye que a pesar de que parecería lógico que estos recursos se mancomunaran y que se generaran incentivos y oportunidades para hacerlo, lo cierto es los países han avanzado de manera desigual en la implementación de entornos digitales de emergencia.
Posteriormente, en junio del 2020, el Diario de la Unión Europea publica un informe con las Conclusiones del Consejo sobre la crisis por COVID-19 en educación, ahí se plantea que para superar estos desafíos las instituciones de educación han adoptado medidas para desarrollar y compartir contenido, material y prácticas educativas de calidad adaptadas al contexto del aprendizaje a distancia a nivel nacional e institucional; apoyar los entornos de aprendizaje virtual, posibilitando el uso de plataformas de enseñanza en línea existentes (o desarrollar otras nuevas) y el uso de herramientas de colaboración en equipo para facilitar el acceso a los contenidos digitales y prestar diversas formas de apoyo psicológico al estudiantado y profesorado.
En el caso de Chile, la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación da a conocer en marzo del 2020, algunas medidas de acción que ya impulsan las IES, en el contexto de la suspensión de actividades. Entre ellas cabe mencionar: herramientas digitales para la comunicación a distancia, implementación de sistemas de gestión de aprendizaje, a través de plataformas tales como: Teams, G-Suites, entre otras; clases en videoconferencia; manuales de buenas prácticas y consideraciones que sugieren establecer personal encargado, rediseñar los cursos preparados, generando secuencias de trabajo que tengan una duración específica y que los estudiantes perciban el acompañamiento docente como un apoyo constante; definir horarios para cada clase, similar a como se distribuyen los horarios en el proceso formativo presencial, de tal manera que el docente pueda dedicar tiempo exclusivo a una clase a la vez, entregar de manera clara los criterios de evaluación, potenciando la evaluación continua como una herramienta esencial para el seguimiento del proceso formativo.
Hemos sido testigos de que la situación sanitaria evoluciona, planteando nuevas cuestiones sobre la reapertura de las instituciones de educación, sobre todo en lo que respecta a las medidas a las relativas al distanciamiento social y las condiciones sanitarias. Esto impulsa a seguir compartiendo información, experiencias y “buenas prácticas”, sobre como adaptar la educación, de modo que la reapertura de las instituciones sea de conformidad con las circunstancias locales, regionales y nacionales para garantizar la seguridad de los y las estudiantes, así como la del personal.
Así, impulsar a apoyar un desarrollo de las competencias digitales de la docencia para facilitar la enseñanza y la evaluación en entornos de aprendizaje digital. No obstante, se debe velar que las herramientas se adecuen a la edad y a las necesidades especiales, que respeten las normas de protección de datos, la privacidad, las consideraciones éticas, además de los requisitos de ciberseguridad. También estudiar las posibilidades de innovación para potenciar las capacidades digitales de las instituciones para reducir la brecha digital.
Ofrecer oportunidades para un aprendizaje a distancia, digital y mixto, para que se garantice la igualdad de oportunidades y un acceso continuado de los estudiantes a una educación de alta calidad, fomentando la validación y el reconocimiento de los resultados adquiridos previamente, reafirmar el derecho a la educación y prestar atención a prevenir un aumento de la deserción, derivado de esta crisis u otra.
Finalmente, desarrollar investigaciones, difundir los resultados y las lecciones aprendidas en los distintos niveles de educación, haciendo hincapié en el aprendizaje, la enseñanza a distancia y en las capacidades digitales de los sistemas. Esto permitirá elaborar una propuesta que reconoce el potencial transformador de la educación, de manera de seguir desarrollando prácticas de educación digital que aborden las consecuencias de la crisis en todos los grupos, no solo ahora, sino también a futuro.
